Un juez frena el plan de Trump para quitarles el permiso de trabajo a miles de inmigrantes con TPS
Un juez federal bloqueó temporalmente la política migratoria que amenazaba con dejar sin permiso de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS, entre ellos salvadoreños, sudaneses y ucranianos.
(Telemundo Atlanta) - Miles de familias inmigrantes en todo el país, incluida la comunidad latina de Georgia, respiraron con algo de alivio esta semana.
Un juez federal bloqueó de manera temporal los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para despojar a decenas de miles de inmigrantes de su permiso de trabajo, una medida que habría afectado directamente a solicitantes de asilo y a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.
¿Qué decidió el juez sobre el TPS?
El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, emitió una orden de emergencia que impide, por ahora, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplique las nuevas restricciones a la autorización de empleo. La orden estará vigente hasta que Gorton decida si dicta una suspensión a más largo plazo, decisión que se espera antes del 5 de agosto.
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, encabezada por el grupo jurídico Democracy Forward. Según los demandantes, el USCIS aplicó de forma retroactiva y sin la debida notificación pública nuevas restricciones que habrían dejado sin autorización laboral, a partir de este miércoles 22 de julio, a miles de titulares del TPS provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania.
El origen de la medida: la ley fiscal de Trump
El conflicto se remonta a la llamada ley fiscal y de gasto público, aprobada en julio de 2025 por el Congreso de mayoría republicana y firmada por Trump. Esa legislación impuso, por primera vez en la historia, tarifas para solicitar asilo en Estados Unidos y acortó el tiempo de vigencia de los permisos de trabajo para los inmigrantes con TPS.
Los demandantes sostienen que estas medidas violan la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el USCIS no permitió la participación pública antes de implementarlas.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, aseguró en un comunicado que el fallo de Gorton garantiza que miles de familias no perderán su fuente de ingresos mientras los tribunales determinan si las políticas del gobierno son legales.
Un alivio temporal en medio de una ofensiva migratoria más amplia
Esta decisión se suma a otros fallos judiciales que han frenado, al menos parcialmente, la agenda migratoria de línea dura de la Casa Blanca. El mes pasado, la Corte Suprema autorizó al gobierno de Trump a avanzar con el fin del TPS para unos 300,000 venezolanos, aunque cortes de menor instancia han seguido fallando en contra de otras terminaciones del programa, incluyendo casos que afectan a inmigrantes de Sudán del Sur, Honduras, Nicaragua y Nepal.
Para la comunidad hispana de Atlanta y del resto de Georgia, muchos de cuyos miembros dependen del TPS o de solicitudes de asilo para trabajar legalmente, este fallo representa un respiro, aunque no una solución definitiva.
Abogados de inmigración recomiendan a quienes tengan casos de TPS o asilo mantenerse informados sobre la audiencia programada para el 5 de agosto y consultar con un representante legal acreditado antes de tomar cualquier decisión sobre su estatus migratorio.
La batalla legal continúa, y de ella depende el futuro laboral de miles de familias inmigrantes que, por ahora, pueden seguir trabajando con tranquilidad.
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